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La última versión, introducida a la Cámara de Diputados en la segunda legislatura del 2009 por el legislador Angel Acosta quedaría desfasada con un proyecto integral de reforma de la Ley Electoral como el que ha anunciado el doctor Rosario

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Ahora que ha anunciado la elaboración de dos proyectos de leyes sobre el sistema de partidos y el régimen electoral, la Junta Central Electoral (JCE) debe aprovechar el mandato que le otorga la nueva Constitución para auspiciar reformas que fortalezcan la democracia dominicana

El desafío es para todo el sistema partidista y la sociedad civil que deben honrar los consensos de 12 años sobre un nuevo régimen de partidos y una reglamentación de las campañas electorales, del financiamiento y los procedimientos democráticos, con las consiguientes penalidades.

Del orden constitucional

Por lo que anunció al finalizar mayo, la JCE tiene el propósito de aprovechar las nuevas facultades que le otorga la Constitución del 2010 para proponer una reforma electoral de amplio espectro y un proyecto de ley de partidos políticos que garantice la democracia interna y los derechos ciudadanos.

Al respecto, el organismo se ha buscado la asesoría de especialistas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentar a consideración del liderazgo político y social un proyecto de modificación de la Ley Electoral vigente, cuyo primer borrador era conocido esta semana por la JCE con la meta de iniciar su discusión pública el mes próximo.

El presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, ha precisado que se requiere una coordinación entre la ley de partidos y la ley electoral, aprovechando el mandato de los artículos 211 y 212 de la Constitución promulgada el año pasado, que es hasta redundante en las responsabilidades de ese organismo.

El artículo 211 indica que la JCE y las Juntas Electorales “tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, y el enunciado básico del 212 le otorga “facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.

Para no dejar dudas los constitucionalistas fueron más específicos, al introducir un Párrafo IV donde se proclama que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

El artículo 216 demanda una legislación que como el mismo indica sustente el funcionamiento de los partidos “en el respeto a la democracia interna y a la transparencia”, así como “garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia”.

Una reforma integral

Lo que anunció el 29 de mayo el doctor Rosario es una reforma integral a la Ley Electoral 275-97, que vaya más allá de la simple adecuación del sistema electoral, dividido por la nueva Constitución en dos organismos autónomos, el organizacional y reglamentario representado ahora por la JCE, y el contencioso por el Tribunal Superior Electoral. A la adecuación se refiere un proyecto de ley que cursa en el Senado y que debería ser aplazado hasta esperar el que la JCE tiene en proceso de elaboración.

Según Roberto Rosario en la Ley Electoral se incluiría normas sobre el financiamiento de la actividad política creando un sistema de revisión de cuentas, el funcionamiento integral del sistema electoral, uso de los medios de comunicación en los procesos electorales y a mecanismos de investigación como las encuestas.

El proyecto de la JCE estará basado en un estudio comparativo de la legislación electoral latinoamericana realizado por los expertos de la secretaría de asuntos políticos de la OEA. A partir de julio esperan las propuestas de los partidos, que en general no han mostrado firme voluntad de actualizar la legislación electoral. Se planea reuniones de los técnicos con los líderes políticos y sociales para incentivarlos a formular propuestas.

La última reforma substancial a la ley electoral fue aprobada en 1997, la cual incluyó el financiamiento del presupuesto nacional a los partidos políticos, las circunscripciones electorales y el voto preferencial por los diputados, y estableció la cuota del 25 por ciento de las postulaciones para las mujeres, elevado al 33 por ciento en el 2000.

En el 2007 la JCE presentó un Proyecto de Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de los Medios de Comunicación elaborado por su Cámara Contenciosa, de la que eran parte la mayoría de los actuales miembros de la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Angel Aquino y Francisco Féliz. La propuesta tampoco contó con el apoyo de los partidos mayoritarios.

Ley de Partidos Políticos

Desde finales de la década de los 90 se hacen esfuerzos por una ley que rija los partidos políticos. Ya en 1999 representantes partidistas y de organizaciones sociales llegaron a un primer proyecto consensuado para una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado creada por el presidente Leonel Fernández quien, sin embargo, engavetó la propuesta.

La Comisión, transformada en Consejo Nacional de Reforma del Estado por el presidente Hipólito Mejía, retomó el proyecto y volvió a consensuarlo con dirigentes políticos y sociales. Fue introducido al Congreso unas tres veces por varios legisladores, pero la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano también lo engavetó.

El de Partidos Políticos debe ser el proyecto de ley que más veces ha sido introducido al Congreso Nacional, alrededor de ocho, la primera en el 2003 y las dos últimas en el 2009, cuando en agosto llegó a ser aprobado por la Cámara de Diputados, pero no fue sancionado por el Senado, esta vez controlado por el Partido de la Liberación Dominicana.

La aprobación de la Ley de Partidos quedó incorporada como compromiso derivado del pacto por la reforma constitucional firmado en mayo del 2009 entre el presidente Leonel Fernández y el excandidato presidencial del PRD Miguel Vargas Maldonado. El vicepresidente Rafael Alburquerque quedó encargado de una comisión peledeísta que lo estudiaría para darle curso, lo que no ha ocurrido dos años después.

La última versión, introducida a la Cámara de Diputados en la segunda legislatura del 2009 por el legislador Angel Acosta quedaría desfasada con un proyecto integral de reforma de la Ley Electoral como el que ha anunciado el doctor Rosario.

Propuestas democratizadoras

Son múltiples las propuestas que se han formulado en las últimas dos décadas en orden a la democratización y transparencia del sistema político y electoral dominicano, entre las cuales resaltan:

Garantizar la elección democrática de los dirigentes de los partidos políticos.

Obligatoriedad de elecciones primarias para la escogencia de todos los candidatos.

Ampliación del derecho ciudadano a elegir los diputados separados de los senadores y los alcaldes de los regidores.

Mayores facilidades para la presentación de candidaturas independientes.

Límites rígidos a los períodos de campañas para escoger candidatos y para la elección nacional, así como para el financiamiento, la propaganda y la inversión.

Prohibición terminante del uso de recursos estatales en las campañas electorales, así como de propaganda gubernamental y actos de inauguración de obras públicas durante el período de las campañas.

Fortalecer las facultades de las Juntas Electorales Municipales para el recuento de votos cuando proceda.

Garantizar la representación de las minorías políticas, ya instituida en la Constitución, pero desconocida por la ley reglamentaria.

Obligar a los partidos a hacer transparente su financiamiento y gastos y que sean auditados por la Cámara de Cuentas como todos los organismos que reciben fondos públicos.

Efectivas sanciones administrativas y penales para las violaciones a la Ley Electoral y sus correspondientes reglamentaciones.

Eliminar las restricciones a la publicación de conteos rápidos y encuestas a la salida de los centros de votación.

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